Desde 2015, la Bahía de Ohuira es el escenario de un conflicto entre desarrollo industrial, derechos indígenas y conservación ambiental en Sinaloa.

«Aquí no.» La frase apareció en mantas, playeras y carteles el 7 de junio de 2026, cuando miles de personas —en su mayoría integrantes de la nación mayo-yoreme— marcharon de Los Mochis a Topolobampo para exigir la cancelación de la planta de amoniaco de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO). Al llegar a las instalaciones, realizaron una clausura simbólica en la reja principal. Era la movilización más visible de un conflicto que lleva más de una década acumulando tensión.

Cómo empezó: un proyecto sin consulta previa

La construcción de la planta arrancó en 2015. GPO obtuvo permisos para edificar una instalación capaz de producir 2,200 toneladas diarias de amoniaco destinado a fertilizantes agrícolas. El terreno elegido: la orilla de la Bahía de Ohuira, en el municipio de Ahome, Sinaloa, un humedal con alta biodiversidad y zona de pesca artesanal para comunidades indígenas mayo-yoreme.

El problema central desde el inicio: los permisos se otorgaron sin que se realizara una consulta previa, libre e informada con las comunidades indígenas que habitan y trabajan en la zona, tal como lo exige el Convenio 169 de la OIT, ratificado por México. Las comunidades lo denunciaron desde entonces. Las autoridades, en cambio, avanzaron con el proyecto.

La MIA y la resolución de Semarnat

En 2018, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitió su resolución sobre la Manifestación de Impacto Ambiental Regional (MIA-R) del proyecto. El resolutivo condicionó la autorización a que GPO cumpliera con un proceso de consulta previa, libre e informada con las comunidades afectadas. Era un reconocimiento implícito de que ese paso no se había dado correctamente.

Las comunidades inconformes acusaron simulación en el proceso de consulta que siguió. Según reportes de Causa Natura Media, quienes se opusieron al proyecto señalaron que las reuniones convocadas no cumplían los estándares de una consulta genuina: no eran libres, no eran informadas y no buscaban el consentimiento real de las comunidades. El debate llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que emitió una sentencia subrayando la obligación de realizar consultas efectivas en casos como este en 2022.

Una década de litigios

Entre 2015 y 2025, el conflicto se sostuvo en dos frentes paralelos: el legal y el territorial. En los juzgados, organizaciones civiles, comunidades mayo-yoreme y ambientalistas interpusieron amparos para frenar la construcción. En la bahía, pescadores y habitantes de Topolobampo mantuvieron una presencia constante de rechazo.

La Bahía de Ohuira concentra parte del argumento ambiental más sólido contra el proyecto. Se trata de un humedal costero con manglar, zona de crianza de especies marinas y área de pesca artesanal para comunidades que dependen de ese ecosistema como fuente de alimento e ingreso. Las organizaciones opositoras advierten que una fuga o accidente en una planta de amoniaco de esa escala representaría un riesgo para la salud pública y para el ecosistema de la bahía. GPO y las autoridades que respaldan el proyecto argumentan que la instalación cumple con normas de seguridad industrial y que el amoniaco producido beneficiaría al sector agrícola regional.

Mayo de 2026: llegan los equipos industriales y se intensifica la movilización

El punto de quiebre más reciente ocurrió a finales de mayo de 2026. El martes 26, enormes estructuras industriales comenzaron a llegar al puerto de Topolobampo con destino a la planta de GPO. La llegada de los equipos reactivó la movilización. Habitantes de Topolobampo y comunidades de la Bahía de Ohuira intensificaron su presencia en el lugar. Los videos de las estructuras circularon en redes sociales y detonaron una ola de adhesiones.

Al 1 de junio de 2026, la petición «Detener la planta de amoniaco GPO en Topolobampo» en Change.org acumulaba 135,319 firmas. En marzo de ese mismo año —según Infobae— la cifra era menor, lo que indica que la llegada de los equipos aceleró el respaldo digital a la causa.

La marcha del 7 de junio y la posición de Semarnat

La marcha del 7 de junio de 2026 de Los Mochis a Topolobampo reunió a miles de personas. La nación mayo-yoreme encabezó la columna. Al llegar a la planta, realizaron la clausura simbólica y exigieron la intervención directa de Semarnat y la cancelación definitiva del proyecto.

La respuesta institucional llegó días antes: el 5 de junio, Semarnat afirmó públicamente que mantiene diálogo con las comunidades. El 8 de junio, el Diario del Istmo reportó que la secretaría confirmó que la autorización ambiental de la planta sigue vigente, aunque condicionada y bajo vigilancia en la Bahía de Ohuira. En otras palabras: el proyecto no está cancelado.