Microscópicos seres, portadores de toxinas, se multiplican en los mares y se expanden por el Pacífico mexicano provocando daños a la salud humana y al entorno marino, además de pérdidas económicas.
El silencio sobre el camino de terracería que conduce al poblado de San Buto en Baja California Sur, México, advierte sobre la incertidumbre que viven aquellos que se dedican a las artes de pesca y cultivo en el océano. No es la primera vez que el gigante tapete rojo que se extiende sobre el mar ha devastado el patrimonio de sus casas construidas de cartón y bloques grises. El miedo crece entre los habitantes cuando observan que sus costas han sido invadidas por otro florecimiento algal tóxico, conocido como marea roja.
Margarita Pérez y Rosalío Gómez son la prueba del poder destructivo que tiene la marea roja en este pueblo pesquero, en donde el matrimonio cultiva ostión, callo de hacha y almeja catarina desde hace cinco años. En 2019, la marea roja mató su cosecha de 100 mil ostiones. Perdieron un año de mano de obra y los ahorros de una vida que arriesgaron al invertir todo su dinero, 200 mil pesos, en suministros acuícolas.
Aunque este fenómeno natural siempre ha existido, desde hace aproximadamente tres décadas la comunidad científica internacional ha detectado que la frecuencia, duración y toxicidad de los florecimientos algales se ha intensificado en algunas zonas del mundo. También se han registrado especies de microalgas en lugares en los que no era común encontrarlas.
Las mareas rojas son generadas por la multiplicación excesiva de las microalgas que viven suspendidas en el agua de los océanos. Su color puede ser rojo, café, verde o amarillo; incluso pueden ser bioluminiscentes o incoloras. Su proliferación está influenciada por factores como la radiación solar, fuertes vientos y el exceso de nutrientes en el agua —principalmente nitrógeno y fósforo— presentes en el ambiente, pero también en los residuos de las actividades humanas. Además, la comunidad científica está estudiando los efectos del cambio climático sobre este fenómeno.
En demasía, algunas microalgas pueden agotar el oxígeno que se encuentra disuelto en el agua alterando las condiciones fisicoquímicas de su entorno o producir altas concentraciones de biotoxinas dañinas para la fauna marina y las personas. Esto está poniendo en riesgo la salud pública, el medio ambiente y las actividades económicas, como el turismo y la pesca, que dan sustento a millones de familias en México. Pese a ello, las dependencias encargadas de atender y prevenir su potencial efecto devastador no han contado con los recursos suficientes o la voluntad para llevar a cabo estas tareas.
A nivel nacional, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), es la autoridad encargada de monitorear los cuerpos de agua costeros y de emitir vedas sanitarias ante la ocurrencia de florecimientos algales nocivos, además de atender las emergencias provocadas por los mismos.
La dependencia incluso cuenta con un Plan de Contingencia para el Control de Biotoxinas Marinas, un documento presentado en noviembre de 2015, que quedó a cargo de su Dirección Ejecutiva de Programas Especiales, responsable de almacenar y sistematizar los registros cronológicos de los eventos de marea roja, resultados de análisis de fitoplancton, biotoxinas marinas, así como de los casos de intoxicación y defunciones asociadas a estos fenómenos.
Sin embargo, tras seis años de operación, el plan carece de indicadores y resultados publicados. A la fecha, el instrumento ha servido como un marco normativo que obliga a todos los estados a monitorear y presentar informes a COFEPRIS, pero estos no han sido divulgados ni tampoco se encuentran en la Plataforma Nacional de Transparencia. Algo similar sucede con los registros a nivel local, monitoreados tanto por la comisión nacional, como por las comisiones estatales.
La marea roja que mató el cultivo de Pérez y Gómez en 2019 fue uno de tantos florecimientos algales nocivos atendidos por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) de Baja California, pero no aparece en los registros de vedas de la institución a nivel Federal, pese a la letalidad que generó.
Especialistas del Centro de Investigación Biológica del Noroeste (CIBNOR) y el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), así como los pescadores señalan que el plan de contingencias, que incluye monitoreos, registros e implementación de vedas, no ha funcionado por falta de recursos presupuestales y científicos de la COFEPRIS.
Por otra parte, los datos proporcionados por esa dependencia federal revelan que, de 2015 a 2021, la frecuencia de vedas por riesgo de toxinas paralíticas en los mariscos aumentó en los estados Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, región que aporta más de la mitad de la producción pesquera nacional.
Por eso hay temor en San Buto y en otras comunidades costeras aledañas que ya han sido impactadas por este fenómeno en los últimos tres años.
Sin dinero, los pueblos pesqueros se arriesgan a perderlo todo
Entre el olor a leña quemada y con el sol que castiga a las localidades del Pacífico en el verano, Pérez relata que no se han podido recuperar económicamente de la pérdida que les ocasionó la marea roja. En 2020 había esperanza, pero la Covid-19 se las arrebató pronto pues a pesar de que lograron una cosecha de 100 mil ostiones, la pandemia afectó la distribución del producto.
El 2021 trajo más incertidumbre a su hogar. Desde principios de junio, autoridades sanitarias de Baja California Sur ordenaron la suspensión de actividades pesqueras por la presencia de una nueva marea roja. Por tercer año consecutivo, su familia estuvo en riesgo de perderlo todo.
A principios de julio se levantó la veda, pero estos acuicultores no tienen garantías ni respaldo de las autoridades. Están solos frente a las mareas rojas que, en cuestión de días, pueden acabar con un año de trabajo o más, como en Bahía Tortugas, un pueblo pesquero a 600 kilómetros al norte de San Buto. Aquí, un florecimiento algal dejó inhabilitado el cuerpo de agua por cuatro años debido a su alto nivel de toxicidad.
Basta con un simple vistazo a la comunidad para saber que su principal actividad económica es la pesca. Las casas alineadas con lanchas estacionadas afuera y la piel oscura de los lugareños dan cuenta de una vida construida de experiencias con el mar.
Jorge Luis Aguilar Romero, pescador y buzo por más de tres lustros, recordó que hace 10 años el agua de la bahía se tiñó de café cuando la manta de microalgas tóxicas se estancó en ese sitio costero. También se perdió el cultivo de ostión de todo un año por la falta de oxígeno en el agua; las mermas económicas fueron incalculables.
“Hasta cuatro años tuvimos que detener el cultivo de ostión. Cada seis meses iban a hacer muestreos para ver si el agua ya estaba limpia de ese microbio. No nos pudimos recuperar y se cerró el cultivo”, dijo. Dichos muestreos fueron realizados por investigadores y estudiantes del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR), institución que apoya a la COEPRIS en el monitoreo de mareas rojas. Los pescadores que estaban adheridos a cooperativas siguieron trabajando en otras pesquerías, pero los independientes quedaron desamparados.
Al igual que el sector social de la pesca, el industrial ha tenido quebrantos por causas similares. Por ejemplo, en Baja California, las vedas sanitarias impuestas en 2015 y 2017 en la Bahía de Los Ángeles por la presencia del alga Gymnodinium catenatum, generadora de una toxina paralizante, derivaron en la destrucción de 24 toneladas de almeja generosa que ya se encontraban listas para su empaque y exportación, refirió Ernesto García Mendoza, coordinador de la Red Temática sobre Florecimientos Algales Nocivos (RedFAN), organismo creado en 2014 para contribuir al conocimiento científico de dicho fenómeno natural.
Uno de los mayores impactos económicos para la industria de la maricultura en México ocurrió en el verano de 2016, cuando un florecimiento algal llegó inadvertido a la zona de cultivo de atún azul de la compañía Baja Aqua Farms en Baja California. En esta ocasión el agua no cambió de color; la señal de alerta fue el comportamiento errático de los túnidos que murieron por asfixia después de que sus branquias fueron dañadas por la especie de microalga Chattonella spp que, por primera vez, tuvo una explosión en esa zona del Pacífico.
García Mendoza y otros especialistas del CICESE documentaron este hecho en un artículo que vincula la proliferación de esta microalga con las temperaturas anormalmente altas de los dos años previos del suceso. En ese entonces, el valor estimado de las pérdidas fue de más de 940 millones de pesos.
Nadie garantiza que la historia no se repetirá, pues tan solo en el Golfo de California, conocido como el “acuario del mundo” por su diversidad de especies marinas, se identificaron 36 tipos de microalgas formadoras de florecimientos algales nocivos entre 1980 y 2015.
García Mendoza precisó que estas cifras han ido cambiando conforme avanza la investigación científica y que, hasta el momento, no existe una base de datos oficial que concentre la información actualizada.
El probable impacto económico que los florecimientos algales podrían tener en la pesca y acuicultura es incalculable. Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur aportaron el 57.5 por ciento de la producción pesquera nacional del 2015 al 2020. Aquí se captura camarón, atún, sardina, corvina, almeja, callo de hacha, erizo, jaiba y langosta, por mencionar algunas de las pesquerías principales, ya sea por extracción o por cultivo.
En estos cuatro estados del noroeste de México se implementaron 57 vedas sanitarias de enero de 2005 a marzo de 2021, de las cuales el 84 por ciento corresponde a los últimos seis años, según datos proporcionados por la COFEPRIS mediante solicitudes de acceso a la información pública.
México ocupa el lugar 15 en el mundo en producción de recursos acuícolas y pesqueros, y se estima que para satisfacer su demanda interna en 2030, el país deberá aumentar en 14.1 por ciento la producción anual.
Para los especialistas consultados, estas metas son complejas ante la precariedad en la que viven las comunidades pesqueras ribereñas, sumamente vulnerables a los vaivenes económicos y a las variaciones ambientales. Se calcula que México produce anualmente 1.47 millones de toneladas en peso vivo, valuado en casi 42 mil millones de pesos de acuerdo al Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con datos de 2020.
Reportaje auspiciado por la IWMF: Adelante – IWMF.
Autores: Lucía Mimiaga León, Jesús Ibarra, Raquel Zapien y Gilberto Santisteban
- Lee la segunda parte de Amenaza en el mar: Florecimientos algales nocivos (parte 1) aquí.
