La Ley Silla busca mejorar la salud laboral al obligar a los empleadores a proporcionar sillas con respaldo en sectores donde se trabaja de pie durante largas jornadas.

Nancy Valenzuela / NORO 

A partir de este pasado martes 17 de junio, entró oficialmente en vigor la Ley Silla en Baja California Sur y en todo México, representando un avance significativo en los derechos laborales de miles de mexicanos.

Esta reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) obliga a los empleadores a proporcionar sillas con respaldo a sus trabajadores, permitiéndoles tomar descansos durante su jornada laboral, especialmente en actividades que requieren estar de pie durante varias horas.

Omar Antonio Zavala Agúndez, titular de la Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social (STByDS) del estado, señaló que la entrada en vigor de esta disposición se buscan condiciones laborales más dignas, lo que representa un paso importante para la salud y el bienestar de las y los trabajadores sudcalifornianos.

¿Qué cambia con la Ley Silla en Baja California Sur?

La Ley Silla modifica los artículos 132, 133, 422 y 423 de la Ley Federal del Trabajo. Esta reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 19 de diciembre de 2024 y, tras un periodo de 180 días, ha entrado en vigor este 17 de junio de 2025.

El cambio es particularmente relevante en sectores como:

• Tiendas y supermercados
  
• Restaurantes y cafeterías
  
• Cines y teatros
  
• Comercios de atención al público
  

En estos espacios, donde estar de pie por largas horas era la norma, ahora será obligatorio ofrecer sillas con respaldo para el descanso de los empleados. 

Además de buscar mejores condiciones laborales, la reforma tiene un enfoque preventivo en la salud, ya que el uso adecuado de sillas permitirá reducir riesgos de padecimientos como: fatiga muscular, várices, lesiones articulares, entre otros.

Negocios podrán ser multados en caso de no aplicar la Ley Silla

Otro aspecto importante es el régimen sancionador para las empresas que no cumplan con la nueva normativa. Los empleadores que ignoren esta obligación podrán enfrentar multas que van desde: 250 a 2 mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a aproximadamente $28 mil a $280 mil pesos mexicanos.

Además de las multas, las empresas podrían ser objeto de inspecciones laborales y recibir otras sanciones si se detecta incumplimiento reiterado.

Con información de Diario El Independiente, BCS Noticias y El Sudcaliforniano