En un esfuerzo por combatir la violencia de género y proteger los derechos de las mujeres, se presentó una iniciativa en el Congreso del Estado de Chihuahua para reformar el artículo 144 del Código Penal.
Grecia Bojórquez/ NORO
La propuesta busca tipificar el delito de aborto forzado, una práctica que implica la interrupción del embarazo sin el consentimiento pleno de la mujer. Este crimen representa una forma extrema de violencia y control sobre el cuerpo y la vida de las mujeres. Con la reforma se pretende establecer sanciones claras y contundentes para quienes lo cometan en Chihuahua.

Reforma del Código Penal para tipificar el delito de aborto forzado en Chihuahua
La iniciativa, propuesta por el diputado Omar Bazán Flores, establece que comete el delito de aborto forzado quien interrumpa el embarazo de una mujer sin su consentimiento, utilizando coerción, amenazas, violencia física u otras formas de presión.
Las penas propuestas van desde cuatro a ocho años de prisión, incrementándose en casos donde se ponga en peligro la vida de la mujer, se ocasionen daños graves a su salud, o el delito sea cometido por personas con vínculos sentimentales con la víctima.

Además, si el aborto forzado es realizado por profesionales de la salud como médicos, parteras o enfermeros, se contempla la suspensión del ejercicio de su profesión por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.
La propuesta también contempla la sanción del delito en grado de tentativa, para asegurar que cualquier intento de coerción o presión para forzar un aborto sea penalizado. Este enfoque integral busca no solo sancionar el acto consumado, sino también prevenirlo mediante la disuasión de cualquier intento.
Aborto forzado: impacto en la salud y bienestar de las mujeres
El aborto forzado tiene consecuencias negativas tanto a nivel físico como psicológico para las mujeres. Físicamente, puede causar complicaciones médicas graves como infecciones, hemorragias y lesiones uterinas, que pueden llevar a la muerte, especialmente cuando el aborto se realiza en condiciones inseguras o por personas no capacitadas.
Dichas complicaciones pueden tener efectos a largo plazo en la salud reproductiva de la mujer, afectando su capacidad para tener hijos en el futuro.

Por otro lado, psicológicamente, las mujeres que han sido sometidas a un aborto forzado pueden experimentar sentimientos de pérdida, culpa, ansiedad, depresión y estrés postraumático.
La violación de la integridad y autonomía corporal genera un profundo sentimiento de deshumanización y vulnerabilidad. Este trauma emocional puede afectar gravemente la salud mental y la calidad de vida de las víctimas.
Raíces de la desigualdad y necesidad de políticas integrales en Chihuahua
Es importante agregar que históricamente, las mujeres han sido objeto de control y dominación, con sus cuerpos considerados propiedad de los hombres o del Estado.
Ante esto, el aborto forzado tiene profundas raíces en la desigualdad de género y discriminación. Asimismo, las políticas represivas de control de la natalidad en ciertos contextos estatales han contribuido a perpetuar esta práctica.

Con la propuesta se pone sobre la mesa señalar que es crucial adoptar políticas que promuevan la autonomía reproductiva de las mujeres y su acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad.
Las medidas deben estar acompañadas de programas educativos que fomenten la igualdad de género y la erradicación de todas las formas de violencia machista.
Solo a través de una respuesta integral que incluya la prevención, sanción y atención a las víctimas, se podrá combatir efectivamente este tipo de violencia.

La propuesta de reforma al Código Penal de Chihuahua representa un avance en la protección de los derechos de las mujeres y en la lucha contra la violencia de género.
Al tipificar el delito de aborto forzado y establecer sanciones claras, se envía un mensaje contundente de rechazo a toda forma de control sobre el cuerpo y la vida de las mujeres.