Asesinaron a la activista y defensora de derechos indígenas, Patricia Rivera, en su domicilio de Tijuana, Baja California

Asesinaron a Patricia Susana Rivera Reyes el pasado sábado 19 de marzo en la noche, mientras celebraba una reunión con más invitados. Rivera Reyes era abogada, activista y defensora de los derechos indígenas. Trabajaba principalmente en las comunidades kumiai y cucapá, habitantes de la península de Baja California.

Rivera Reyes era originaria de Guaymas, Sonora. Falleció a los 61 años a causa un balazo. Acorde a los medios locales, en su domicilio de Tijuana irrumpieron tres delincuentes encapuchados y vestidos de negro, quienes sometieron a todos y exigieron que entregaran sus pertenencias. La activista reclamó que le regresaran su celular, ocasionando que uno de los delincuentes le disparara.

Esto quedó en el informe de la Fiscalía, donde también se registró a un invitado herido por bala en la cabeza y el abdomen.

Asesinato de activista no debe quedar impune

El presunto asalto ocasionó que las familias involucradas, activistas que conocían a Susana y también instituciones, lamentaran el hecho y exigieran justicia.

Una de estas personas es Miguel Ángel Mora Marrufo, el presidente la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), quien solicitó un proceso sin estorbos del caso.

“Dado cualquier atentado a las personas defensoras de derechos humanos es un agravio a la sociedad”, expuso Mora.

Exigen también la resolución del asesinato de la activista desde el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Diversas organizaciones ciudadanas también se manifestaron por la muerte de la defensora.

El asesinato de Patricia se convierte en uno más de una larga lista de hechos violentos contra activistas en México, donde más del 90% de los casos no son sancionados, acorde a una declaración de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos.

Con información de Sin Fuero e Infobae.