El incendio en Ciudad Juárez, Chihuahua, ha sido catalogado como crimen de estado por El Salvador, país que exige la renuncia y enjuiciamiento de autoridades migratorias mexicanas
El gobierno de El Salvador ha elevado sus exigencias ante México tras la muerte de 40 migrantes, incluyendo siete salvadoreños, en un incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, el pasado 27 de marzo. Las autoridades salvadoreñas demandan la renuncia de los responsables de las políticas migratorias de México, así como una investigación exhaustiva del suceso y el enjuiciamiento de los culpables.
Cindy Portal, viceministra de Diáspora y Movilidad Humana de la Cancillería de El Salvador, ha sido la voz principal en esta demanda. En conferencias de prensa y reuniones clave con el Gobierno de México, Portal ha reiterado la posición del país centroamericano en busca del esclarecimiento de los hechos y justicia para las víctimas. “Estamos exigiendo que los culpables de este crimen puedan pagar con cárcel”, subrayó Portal, y agregó que también están exigiendo “la renuncia de las personas que son responsables de la política migratoria en México”.
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El incendio en el centro del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez dejó un saldo de 40 muertos, incluyendo seis hondureños, siete salvadoreños, dieciocho guatemaltecos, siete venezolanos y un colombiano. El gobierno salvadoreño ha calificado este trágico incidente como un “crimen de Estado”, dejando en evidencia su preocupación por la situación de los migrantes en territorio mexicano.
Además de exigir una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía mexicana, las autoridades salvadoreñas han solicitado que los sobrevivientes formen parte de la carpeta técnica de la investigación. Portal ha enfatizado que El Salvador estará pendiente de los avances en la investigación en México, pues no desean que este caso quede impune, como otros en el pasado.
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La viceministra Portal recordó casos anteriores de migrantes salvadoreños fallecidos en territorio mexicano, como la masacre de 72 migrantes en 2010, donde fueron asesinados 14 salvadoreños; en 2011, la localización de cuerpos de dos compatriotas en fosas clandestinas en Tamaulipas; y las muertes de Victoria Salazar y César Adonay a manos de agentes estatales. En todos estos casos, el gobierno salvadoreño ha solicitado el resarcimiento de los daños y justicia para las víctimas.
El proceso de repatriación de los siete compatriotas fallecidos en el incendio culminó el pasado domingo. Los cuerpos de los salvadoreños fueron entregados a sus familiares. La vicecanciller Portal informó que el gobierno de México se hizo responsable de los gastos de repatriación terrestre, así como también de los gastos de transporte y estadía de los familiares que viajaron a ese país para identificar los cuerpos.
Se ha informado que los fallecidos en el incendio eran todos hombres, con edades entre los 35 y 40 años, originarios de Sonsonate, Chalatenango, La Libertad y San Salvador. Además, cinco personas más resultaron heridas en el incendio, de las cuales dos se encuentran hospitalizadas, mientras que tres mujeres sobrevivieron y continuaron su camino hacia Estados Unidos.
La situación de los migrantes en México ha sido objeto de preocupación y crítica por parte de organizaciones de derechos humanos y otros gobiernos. A medida que el proceso de investigación avanza, los ojos de El Salvador y la comunidad internacional estarán puestos en México, esperando que se esclarezcan los hechos, se identifiquen y enjuicien a los responsables y se implementen medidas para evitar que tragedias similares se repitan en el futuro.
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Fuente: CNN en Español, Forbes, Aristegui Noticias, Proceso.
