La lucha por la justicia continúa en Sonora tras el derrame de Grupo México que contaminó el Río Sonora. Los desafíos que enfrentan las comunidades afectadas persisten y la responsabilidad de la empresa sigue pendiente.
Nueve años después del derrame de sulfato de cobre acidulado en el Río Sonora, la contaminación es aún una amenaza para las comunidades afectadas. Así lo determinó el reciente informe de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
A pesar de los esfuerzos de remediación por el derrame, la presencia de elementos contaminantes en el agua, el aire, la flora y la fauna persisten, junto con niveles muy elevados de metales pesados, que llegan a superar las normas establecidas.
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Luego del derrame de Grupo México que sucedió el 6 de agosto del 2014, la compañía recibió una multa y se vio obligada a crear un fideicomiso con el fin de reparar los daños causados por el derrame de 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado de una de las principales instalaciones sobre el río.
La responsabilidad pendiente de Grupo México
El “Dictamen diagnóstico ambiental Río Sonora”, realizado por la Semarnat arrojó luz sobre la verdadera causa del derrame, desmintiendo la versión inicial de que las fuertes lluvias fueron las únicas culpables, en su lugar, se atribuyó la catástrofe al “diseño deficiente” de una presa en la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México.
Esta revelación ha reabierto el debate sobre la responsabilidad de Grupo México en el desastre, que ha estado plagado de enfrentamientos judiciales y promesas incumplidas a casi una década del accidente que ha cambiado el rumbo de comunidades enteras.
La comunidad de Sonora y los activistas ambientales ven en este informe una nueva oportunidad para que Grupo México finalmente asuma su responsabilidad financiera. Aunque inicialmente se comprometió a contribuir con $1,200,000,000 de pesos al fideicomiso de reparación, el fondo fue cerrado en 2017 y los recursos regresaron a la compañía minera.
Tras la prolongada batalla legal, el fideicomiso reabrió en 2020, pero sin nuevos recursos significativos. Los costos del derrame, calculados en $20,000,000,000 de pesos por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, superan en más de 16 veces el fideicomiso original.
La lucha continúa: persisten riesgos para la salud y el medio ambiente
La salud de los habitantes de los municipios afectados, como Ures, Arizpe, Baviacora y Cananea, sigue en riesgo debido a la presencia de arsénico, plomo y mercurio en el suelo. Además, el suministro de agua potable de la región está comprometido, lo que representa una grave amenaza para la salud pública. En la ciudad de Cananea, el 93% de las muestras de suelo no cumplen con los requisitos internacionales sobre niveles de arsénico.
El coordinador comunitario del grupo activista regional PODER, Luis Franco, expresó su esperanza de que este informe marque un nuevo comienzo para el pueblo de Sonora en su búsqueda de justicia y reparación. A pesar de los desafíos, la lucha por un ambiente limpio y seguro continúa en la región afectada.
“No está contaminado, sino sucio”, afirma minera
El director Ejecutivo de Grupo México, Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, declaró que el Río Sonora, tras el incidente de agosto del 2014 en el que se derramó sulfato de cobre acidulado, “se ensució, pero no se encuentra contaminado”, una distinción importante de hacer, según él.
En una entrevista concedida a Pie de Página, después de asistir al tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Larrea Mota Velasco, mencionó que no se ha observado ningún ave o pez muerto en el río.
El empresario afirmó que se llevó a cabo una labor de restauración que incluyó la limpieza del río, la eliminación de metales pesados de sus cauces, la evaluación de posibles daños y el apoyo a la población que sufrió consecuencias. Estas acciones, según él, fueron ejecutadas a través del fideicomiso de la Secretaría de Medio Ambiente.
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Fuentes: Sin Embargo, Expansión, Zeta Tijuana
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