Cientos de estudiantes, trabajadores y padres de familia de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) se congregaron frente a Palacio Nacional en la Ciudad de México, desde tempranas horas de la mañana del 16 de julio de 2024.
Grecia Bojórquez/ NORO

La manifestación se realizó para exigir el respeto a la autonomía universitaria, un principio fundamental que consideran amenazado por las recientes acciones del gobernador Rubén Rocha Moya y el Congreso de Sinaloa.
Los manifestantes, que viajaron desde Culiacán, Sinaloa, en camiones proporcionados por la UAS, acusan al gobierno estatal de intentar reformar la Ley Orgánica de la universidad de manera arbitraria.

Para expresar sus demandas, buscaron entregar un pliego petitorio al presidente Andrés Manuel López Obrador o a alguna autoridad competente del gobierno federal.
UAS: marcha hacia la casa de transición en la CDMX
Después de la manifestación en Palacio Nacional, los universitarios marcharon hacia la casa de transición de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, situada al sur de la Ciudad de México. Esta acción buscó visibilizar la lucha por la autonomía universitaria a nivel nacional y obtener un respaldo significativo de las autoridades federales.

Roberto Lizárraga Otero, encargado del despacho de la Rectoría de la UAS, expresó en entrevista con medios que la defensa de la autonomía universitaria ya ha escalado a un tema de importancia nacional.
Lizárraga subrayó la urgencia de que el gobierno federal intervenga para resolver el conflicto, señalando que la situación ha derivado en episodios de violencia que no han sido atendidos adecuadamente por el gobierno estatal.
Reunión en la Secretaría de Gobernación
Posteriormente, el contingente de la UAS se dirigió a la Secretaría de Gobernación (Segob) para una reunión con la titular de la dependencia, Luisa María Alcalde, y el gobernador Rubén Rocha Moya.
Durante esta reunión, que se prolongó por dos horas, ambas partes discutieron los temas relacionados con el conflicto. Aunque el encuentro terminó en buenos términos, quedó claro que se necesita un seguimiento continuo para resolver las problemáticas de la UAS.

Robespierre Lizárraga Otero destacó que la intervención de la Secretaría de Gobernación es crucial para mediar en el conflicto y asegurar que se respeten los derechos de la universidad. Además, mencionó que la postura del gobernador sigue siendo radical, lo que agrava la situación y aumenta la tensión entre la universidad y el gobierno estatal.
¿Cómo se originó la problemática de la UAS?
El conflicto se originó en febrero de 2023 con la implementación de la nueva Ley de Educación Superior de Sinaloa, que según los universitarios, viola el principio de autonomía de la UAS al permitir al gobierno estatal modificar su Ley Orgánica.
En enero pasado, el equipo legal de la universidad obtuvo un amparo que solicita la suspensión de varios artículos de dicha ley. Sin embargo, denuncian que la administración de Rubén Rocha Moya ha incumplido esta suspensión.

Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su confianza en que el gobernador Rocha Moya resolverá el conflicto mediante el diálogo.
Aunque evitó tomar partido, subrayó la importancia de llegar a un acuerdo entre las partes. López Obrador también destacó que, pese a la prolongación del conflicto, las clases en la UAS no se han suspendido, lo cual considera positivo.
Comunidad de la UAS permanece firme ante el conflicto
A la salida de la reunión en la Secretaría de Gobernación, Lizárraga Otero anunció que se acordó un acompañamiento permanente por parte del gobierno federal y estatal para resolver el conflicto.

Este primer acuerdo es visto como un paso importante hacia la reconciliación y el respeto de la autonomía universitaria. Mientras tanto, en las calles adyacentes a la Secretaría de Gobernación, los manifestantes continuaron mostrando su apoyo a la UAS con consignas y música sinaloense.
La comunidad universitaria sigue firme en su determinación de defender su autonomía y espera que las autoridades federales cumplan con su compromiso de mediar en el conflicto y garantizar una solución justa y equitativa.




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