El pasado 26 de noviembre, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se reunió virtualmente con los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) para discutir el futuro de la remediación ambiental en la región afectada por el derrame tóxico ocurrido hace más de 10 años.
Grecia Bojórquez/ NORO
El encuentro surgió luego de que los comités manifestaran su preocupación por la falta de participación de las víctimas en los procesos de reparación que Semarnat había anunciado previamente con Grupo México.
¿Qué provocó el disgusto de los comités del Río Sonora con la Semarnat?
La reunión se produjo en un contexto tenso, tras las declaraciones de Alicia Bárcena, secretaria de Semarnat, quien había mencionado en la conferencia matutina del 21 de noviembre que la dependencia ya había alcanzado un acuerdo con Grupo México para la remediación del Río Sonora y Bacanuchi.
Sin embargo, los afectados denunciaron que dicho acuerdo se alcanzó sin consultar a las comunidades impactadas, lo que contraviene los mandatos judiciales que exigen la participación activa de las víctimas en todas las fases del proceso.
A través de un comunicado, los Comités de Cuenca Río Sonora expresaron su rechazo a las acciones de Semarnat, recordando que un fallo de la Suprema Corte de Justicia obliga a que las comunidades afectadas estén presentes en todos los procesos relacionados con la reparación del daño. La falta de transparencia y el hecho de que se tomaran decisiones sin la consulta directa a las víctimas fueron puntos críticos durante la reunión.
¿Que se habló en la reunión con la Semarnat?
En respuesta a las preocupaciones de los afectados, Bárcena aseguró que el diálogo con las comunidades es fundamental y se comprometió a que las víctimas del derrame serían incluidas en todos los procesos de remediación.
La titular de Semarnat también subrayó la importancia de que las víctimas participen activamente en la creación de un programa que asegure una verdadera reparación, no solo ambiental, sino también en términos de salud y bienestar de las personas que viven en la región.
Este compromiso llega tras una década de lucha por justicia ambiental, en la que las comunidades han señalado la falta de avances concretos en la reparación del daño causado por el derrame de metales pesados en el río Sonora. Los comités recalcaron que, a pesar de las promesas pasadas, el Río Sonora sigue siendo un cuerpo de agua altamente contaminado, afectando la salud de más de 22,000 habitantes en diversos municipios de la región.
¿Cuáles fueron los compromisos de la Semarnat y Profepa con las víctimas del Río Sonora?
Durante la reunión, Semarnat se comprometió a realizar un seguimiento puntual de los avances en la remediación del río, lo que garantiza que las víctimas estén incluidas en todas las decisiones. Además, se acordó que Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, realizará una revisión exhaustiva de los expedientes relacionados con el caso, para asegurar que se cumplan todas las órdenes judiciales y se garantice la reparación integral del daño.
Asimismo, la Semarnat también presentó la necesidad de establecer mesas de trabajo con los CCRS para revisar los obstáculos legales que la administración anterior utilizó para dilatar las acciones.
Los comités expresaron su desconfianza hacia las autoridades de la administración pasada, señalando la complicidad de Profepa y Semarnat con Grupo México, lo que impedía un avance real en el proceso de reparación.
En cuanto a la atención a la salud de las víctimas, Semarnat anunció que se convocará a una reunión con la Secretaría de Salud para abordar la falta de atención especializada en toxicología y cómo resolver esta situación de manera inmediata.
A pesar de los avances en el diálogo, los Comités de Cuenca Río Sonora dejaron claro que la paciencia no es una opción. Después de 10 años de lucha, las comunidades exigen resultados tangibles. La situación sigue siendo crítica, ya que los cuerpos hídricos contaminados continúan afectando la calidad de vida de los habitantes de la región, quienes aún no cuentan con agua potable adecuada ni con atención médica especializada.
Con información de La Jornada, Animal Político, Dossier Político y Poder Latam.
