El Congreso de Sonora dio un giro en su postura respecto a la Ley de Protección y Bienestar Animal tras las protestas organizadas por criadores de gallos y caballos, quienes salieron a las calles para exigir modificaciones.
Grecia Bojórquez/ NORO
La ley, que fue publicada el 12 de septiembre de 2024, provocó indignación en sectores que dependen de actividades como las peleas de gallos, prohibidas en el nuevo marco legal.

Diputados del estado, entre ellos Fermín Trujillo de la bancada de Morena, reconocieron que hubo errores en su creación al no prever el impacto que tendría sobre ciertas actividades tradicionales y la economía local.
“Nos equivocamos”, admitió Trujillo, en referencia a cómo la legislación afecta a diversas personas que viven de estas prácticas. La protesta, que comenzó a primeras horas del 24 de septiembre, fue protagonizada por residentes de distintos municipios que se trasladaron a Hermosillo para hacer valer sus derechos.
Galleros de Sonora en contra de la Ley de Protección Animal
Por otra parte, la Sección Nacional de Criadores de Aves de Combate (SNCAC) también anunció que tramitarán amparos colectivos o individuales contra la ley, con el objetivo de revertir las prohibiciones que consideran perjudiciales para su sustento.

Rafael Cesares, representante de Tradiciones Unidas por México, expresó su descontento, enfatizando que esta ley impacta no solo en una tradición arraigada, sino en las fuentes de ingresos de cientos de familias.
Los galleros subrayan que no se oponen a una regulación del trato hacia los animales, pero exigen que se respete su derecho al trabajo digno, particularmente cuando la actividad tiene un fuerte arraigo cultural en el estado.
El Congreso abre el diálogo y promete ajustes a la Ley de Protección y Bienestar Animal
En respuesta a las manifestaciones, los diputados locales comenzaron un proceso de diálogo con los galleros para ajustar ciertos puntos de la ley. Yahír Gutiérrez, representante de los criadores, indicó que es posible lograr una legislación que equilibre la protección animal con los intereses de quienes dependen económicamente de estas actividades.
Gutiérrez sugirió que el Congreso debería modificar el Primer Artículo Transitorio de la ley, postergando su implementación por un año para permitir un análisis más detallado y consensuado.

Por otro lado, las manifestaciones no solo se centraron en las peleas de gallos, sino también en la preocupación general de que las leyes locales contradigan las normas federales. Alfonso Solís, representante de los médicos veterinarios, destacó la importancia de que cualquier legislación estatal o municipal no esté en conflicto con las disposiciones nacionales ya establecidas en la Ley Federal de Sanidad Animal.
A pesar de las tensiones iniciales, el Congreso de Sonora está trabajando para ajustar la ley y ofrecer un marco que permita un balance entre la protección animal y las actividades económicas que involucran animales.

David Figueroa, coordinador del Partido Verde en el Congreso, señaló que la legislación aún necesita reglamentarse, un proceso que tomará seis meses. Esto ofrece tiempo para corregir aspectos que no fueron considerados inicialmente, asegurando que las observaciones hechas por los criadores de gallos y caballos sean tomadas en cuenta.
Figueroa reiteró que el diálogo continúa abierto y que, si bien muchas de las inquietudes podrán resolverse durante la reglamentación, algunas podrían requerir modificaciones más profundas en la ley.
Gallos de pelea en Sonora tienen un impacto económico
La gallística es la actividad relacionada con la crianza y aprovechamiento del gallo fino de combate. De acuerdo con la “comunidad gallera”, esta es una tradición cultural en Sonora y también una importante fuente de ingresos para muchas familias.
Se estima que en México, la industria genera una derrama económica anual de más de 8 mil 250 millones de pesos, beneficiando a unas 550 mil familias en todo el país.

Sonora, con aproximadamente un millón de gallos de pelea, no es la excepción, ya que esta actividad genera empleos directos para 11 mil personas e indirectos para otras 20 mil, quienes dependen de la venta de alimento, medicamentos veterinarios, y equipamiento especializado para el cuidado de estas aves.
Con información de Proyecto Puente, Dossier Político y El Imparcial.




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