A diez años del devastador derrame químico ocurrido en el río Sonora, las comunidades afectadas por el desastre continúan en su lucha por obtener justicia. El 6 de agosto de 2014, más de 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado fueron vertidos al río por la mina Buenavista del Cobre, operada por Grupo México. 

Grecia Bojórquez/ NORO

El incidente en el río Sonora, que dejó a más de 22 mil personas en siete municipios de Sonora sin acceso a agua potable y con graves problemas de salud, es considerado uno de los peores desastres ambientales en la historia minera del país.

A pesar de las promesas de reparación y de remediación ambiental, las autoridades siguen sin ofrecer soluciones definitivas. En el último mes, los Comités de Cuenca Río Sonora han vuelto a alzar la voz para exigir a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que cumpla con los compromisos adquiridos y que, finalmente, incluya a las víctimas en los planes de reparación.

Los Comités de Cuenca Río Sonora han reiterado sus demandas de justicia ambiental y social, incluyendo la instalación de plantas potabilizadoras, atención médica especializada en toxicología y un plan integral de remediación. No obstante, ninguna de estas promesas se ha materializado plenamente.

¿Cuál es el reclamo de los Comités de Cuenca Río Sonora a la Semarnat?

Martha Patricia Velarde, una de las representantes de los comités, denunció la falta de avances concretos en la implementación de medidas de remediación. Es importante detallar que la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, prometió en su momento un encuentro con las comunidades afectadas, pero hasta la fecha, las autoridades no han dado fecha para ese diálogo. 

Velarde señaló que, a pesar de la insistencia de las víctimas, las reuniones con los responsables de la minera se han llevado a cabo sin contar con la participación de los afectados, lo que agrava aún más la situación.

«Es inaceptable que, después de diez años, las autoridades sigan priorizando el diálogo con la empresa responsable del peor desastre ambiental en la historia minera de México, mientras las comunidades seguimos padeciendo las consecuencias de la contaminación», comentó Velarde para La Jornada. 

Además, la opacidad en los acuerdos con Grupo México también ha sido un punto de constante conflicto. Los Comités de Cuenca han exigido transparencia total sobre los términos de las negociaciones y que se respeten los derechos de las víctimas en todo el proceso.

Denuncian que pretenden dar “carpetazo” a la tragedia del río Sonora

Antonio Romo, integrante de estos grupos, calificó como “inaceptable” que se negocie con Grupo México sin la participación de las víctimas. Asimismo, Romo subrayó que la administración actual parece dar un «carpetazo» al caso, ignorando los avances legales obtenidos en los últimos diez años.

Por otro lado, Romo denunció que las autoridades han intentado avanzar en la creación de un plan de remediación sin contar con la participación de las víctimas, lo que viola sus derechos según lo establecido por la Suprema Corte de Justicia en 2020 y en la recomendación 50/2024 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Promesas incumplidas: las medidas de remediación siguen siendo insuficientes

A pesar de que se reconoció la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi por parte de las autoridades, las soluciones concretas siguen sin materializarse. Los análisis realizados confirmaron la presencia de sustancias tóxicas como arsénico, plomo, cromo y cadmio, lo que continúa afectando tanto al agua subterránea como a la superficial. 

Asimismo, la situación se agrava por la falta de instalaciones potabilizadoras completas y la ausencia de atención médica especializada para las personas afectadas, quienes continúan padeciendo enfermedades derivadas de la exposición a los contaminantes.

Con información de La Jornada y Dossier Político.