El nuevo impuesto a turistas que lleguen a México podría generar hasta $8,605 millones de pesos anuales.

Nancy Valenzuela / NORO

A partir del 1 de enero de 2025, México implementará un nuevo impuesto para turistas extranjeros que arriben al país en cruceros. La medida, aprobada por el Senado como parte de las reformas a la Ley Federal de Derechos, establece un pago de $42 dólares (aproximadamente 856 pesos al tipo de cambio actual) por cada visitante.

Esta disposición ha generado preocupación en el sector turístico, debido al impacto que podría tener en la llegada de pasajeros y la competitividad de los puertos mexicanos en comparación con otros destinos en el Caribe.

Puertos de México serían más caros que otros destinos

Empresarios del sector turístico y asociaciones navieras han advertido que este impuesto podría hacer que México pierda hasta 10 millones de pasajeros, ya que los puertos del país serían hasta tres veces más caros que otros destinos caribeños.

De acuerdo con Michele Paige, directora de la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA), el costo del turismo de cruceros en México sería un 213% más elevado que en otros puertos de la región.

Paige señaló que las 23 líneas de cruceros de la FCCA están evaluando la posibilidad de modificar sus itinerarios y excluir a México de sus rutas. Esto pondría en riesgo una industria que genera alrededor de $1,000 millones de dólares en gasto directo, además de 20,000 empleos y $200 millones de dólares en salarios anuales.

El turismo de cruceros es una de las principales fuentes de ingresos para los puertos mexicanos, especialmente en destinos como Cozumel, Puerto Vallarta y Progreso. Este sector depende en gran medida de su capacidad para competir con otros mercados internacionales.

Costo adicional a turistas busca fortalecer control migratorio

El gobierno justifica la medida como parte de un esfuerzo por aumentar la recaudación para el presupuesto 2025. Según estimaciones oficiales, la nueva tarifa podría generar hasta $8,605 millones de pesos anuales, de los cuales el 67% estará destinado a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Además, la reforma busca fortalecer el control migratorio y captar más recursos para inversión en infraestructura y programas sociales.  Sin embargo, senadores de oposición y representantes del sector turístico han criticado la falta de un plan de implementación gradual.

Eugenio Segura Vázquez, presidente de la Comisión de Turismo del Senado, ha propuesto extender el plazo para aplicar el cobro durante 180 días, con el fin de dar tiempo a las empresas para ajustarse.

Con información de Vanguardia, ADN 40 y El Porvenir