El gobierno de Texas realizó la instalación de boyas del Río Bravo justificándose que no se protegía adecuadamente la frontera. Tienen 10 días para quitar el muro flotante, pues afecta la seguridad pública, la navegación y operaciones de agencias federales.
Un juez federal de Estados Unidos ordenó la eliminación del muro flotante que el gobernador Greg Abbott instaló en el Río Bravo, la frontera natural entre México y Estados Unidos. La decisión legal llega tras meses de protestas de grupos de derechos humanos y críticas desde Washington y Ciudad de México por considerarla inhumana.
El juez David Ezra, del distrito oeste de Texas, dictaminó que la barrera de 300 metros en el Río Bravo es una “obstrucción a la navegación” y criticó al gobierno estatal, bajo control republicano, por no haber obtenido autorización federal previa para su instalación.
La decisión judicial impide que Texas reinstale boyas u otras estructuras en el río, lo que representa un éxito para la administración de Joe Biden, que inició la acción legal contra la barrera flotante.
Texas argumentó que instaló las boyas debido a la percepción de falta de acción por parte de la Administración demócrata en la defensa de la frontera sur ante lo que consideraban una “invasión”. Afirmaron que tomaron medidas por su cuenta para “protegerse”.
Ante esto, el juez David Ezra rechazó el arugmento, y respondió que tener esta libertad para realizar acciones como esta al gobernador de Texas, sería tener “más poder que el que tiene el presidente de Estados Unidos”.
“Básicamente, el gobernador de Texas podría declarar y hacer la guerra indefinidamente en la frontera de Texas sin autorización del Congreso o supervisión de cualquier tipo”, añadió el magistrado.
El gobierno de Texas no entregó “ningún tipo de evidencia creíble de que la barrera de boyas haya reducido significativamente” la migración que llega por esa zona del país, y además, considera que supone una amenaza para la vida de las personas que intentan cruzar la frontera.
A inicios del pasado mes de agosto, se registro la identificación de dos cadáveres en la zona del Río Bravo, en frontera entre México y Estados Unidos, uno de ellos localizado sobre la barrera de boyas flotantes que el gobierno de Texas instaló.
Los ahogamientos de migrantes que intentan cruzar el río fronterizo suelen ser comunes en la zona, pero que estas muertes estuvieran ligadas a la instalación de las polémicas boyas, generó una fuerte discusión entre autoridades de ambos países, aunque Texas negó que las muertes estén vinculadas con la barrera flotante.
El Gobierno mexicano solicitó repetidamente a Estados Unidos que retirara la barrera, argumentando que la mayoría de las boyas se ubicaban en su territorio. La Comisión Internacional de Límites y Aguas, una entidad binacional, respaldó esta afirmación en un informe presentado ante el tribunal, que estableció que la mayoría de las boyas se encontraban en la parte mexicana.
La Secretaría de Relaciones Exteriores agradeció y reconoció la decisión que emitió la Corte Ferderal para el Distrito Oeeste en Estados Unidos.
“Nos mantendremos atentos a la resolución final y reiteramos la urgencia de retirar de manera definitiva las boyas en nuestra frontera compartida; así como la importancia de respetar el Tratado Bilateral de 1944 y salvaguardar los derechos humanos de las personas migrantes”, compartió la dependencia a través de un comunicado.
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Fuentes: Forbes, El Imparcial, El País, Dallas News
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