Entra en vigor Ley 3 de 3 en Sonora: ningún agresor podrá estar en el poder

Este 7 de junio entró en vigor la Ley 3 de 3 en el estado de Sonora, que marca que no podrán ocupar cargos públicos las personas que tengan denuncias de violencia familiar, delitos sexuales, deudores alimentarios y agresores

En Sonora se dio a conocer este 7 de junio la implementación de la Ley 3 de 3 contra la violencia. Esta propuesta, conocida también como Ley 170 por la terminología del Congreso local, se presentó por primera vez en julio de 2022.

En esta ley, que se aprobó recientemente a nivel federal, estipula que para ser presentado o nombrado funcionario público, las personas no deberán contar con denuncias o sentencias por casos de violencia sexual, violencia de género o ser deudores alimenticios morosos.

La Observatoria Ciudadana Todas Mx-Sonora fue la encargada de recolectar las firmas desde agosto de 2022 para que la propuesta de la Ley 3 de 3 iniciara un proceso legislativo. Tras varios meses, en marzo de este año, inició el proceso de implementación de la nueva ley.

¿Qué es la Ley 3 de 3?

La Ley 3 de 3 tiene el objetivo de suspender derechos para ocupar cargos, empleos o comisiones del servicio público a agresores sexuales y deudores alimentarios. El Senado de la República aprobó el dictamen de esta ley con 63 votos a favor y dos abstenciones, y adicionó los artículos 38 y 102, referentes a la suspensión de derechos para ocupar cargos de servicio público.

En la ley federal, las y los senadores respaldaron el proyecto para suspender los derechos de los ciudadanos por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, y el normal desarrollo psicosexual.  

“Con la reforma propuesta se busca incidir favorablemente en la ética pública y política, en beneficio de la sociedad en su conjunto”, se destaca en el dictamen.  

Congreso del Estado de Sonora limita la propuesta de la Ley 3 de 3

Los días 19, 22 y 24 de abril fueron reservados para realizar tres parlamentos abiertos con el fin de discutir la propuesta. En ellos se abordó un tema central: la necesidad de que las sanciones no solo apliquen para quienes tengan sentencias firmes, sino también para quienes estén vinculados a proceso. Sin embargo, quedó fuera esta propuesta.

Leticia Burgos Ochoa, exsenadora e impulsora de la medida en Sonora, dice que hay un tema que se quedó fuera con la implementación de la ley, y es que las personas que no tienen sentencias firmes, pero sí denuncias, podrán continuar con sus cargos, y señala que aunque es un gran paso, los gobiernos aún encuentran formas de sostener la impunidad.

Según datos de la Observatoria, en Sonora, 7 de cada 10 hogares viven violencia hacia las mujeres, además de un latente aumento en casos de violencia sexual y abandono paternal. Aún en este escenario, es muy complicado para las mujeres emitir una demanda, y quienes lo hacen, deben lidiar con instituciones saturadas y con personas sin capacitación en temas de violencia de género.

La Observatoria afirma que, de todas las demandas emitidas, que de por sí son pocas, las que se aceptan corresponden al 4% del total de las que intentan denunciar, y de ese número, sólo el 1% concluyen en una sentencia contra el violentados, es por esta razón que buscan que desde la vinculación a proceso sean suspendidos de sus puestos.

La propuesta de incluir en la Ley 3 de 3 a personas vinculadas a proceso nació gracias al artículo 19 constitucional, en el que se establece que los derechos de una persona quedan suspendidos desde el momento de su vinculación a proceso, por lo tanto, podría ser posible que se añada.

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Fuente: Senado de la República, Cimac Noticias, El Financiero