El estado de Sinaloa reprobó en el Índice de Estado de Derecho en México 2023-2024, según un estudio de la organización World Justice Project (WJP). El informe le otorgó al estado del norte un puntaje de 0.46 en una escala de 0 a 1, donde 1 representa la adherencia ideal a los principios del estado de derecho.
Esta calificación coloca a Sinaloa en la media nacional, destacándose en varios factores pero mostrando deficiencias significativas en otros.
En el ranking nacional, los estados con mejor desempeño fueron Querétaro (0.49), Guanajuato (0.47) y Aguascalientes (0.47). En contraste, Quintana Roo (0.36), Morelos (0.35) y el Estado de México (0.35) ocuparon las últimas posiciones.
En general, la puntuación promedio nacional fue de 0.41, lo que refleja un estancamiento en el avance del estado de derecho en todo el país.
El índice evalúa ocho factores críticos: límite al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. En cuatro de estos factores, Sinaloa experimentó retrocesos en comparación con el año 2023.
Por otro lado, en ausencia de corrupción y cumplimiento regulatorio, Sinaloa mantuvo sus puntajes de 0.41 y 0.40, respectivamente. Asimismo, en orden y seguridad, el puntaje mejoró de 0.45 a 0.47, y en justicia civil, aumentó de 0.40 a 0.43.
Desde la primera edición del índice en 2018, Sinaloa mostró algunos avances. Hace seis años, el puntaje general del estado era de 0.41, incrementándose a 0.46 en la evaluación más reciente. Sin embargo, estos incrementos no han sido suficientes para posicionar al estado entre los mejores del país.
Pese a lo anterior, Sinaloa se ubica en los primeros cinco lugares en cinco de los ocho factores del índice: segundo en justicia penal (0.43), tercero en derechos fundamentales (0.55), cuarto en ausencia de corrupción (0.41), cuarto en gobierno abierto (0.51) y justicia civil (0.43). La posición más baja es en orden y seguridad, con 0.47, ocupando el lugar 14.
Cabe destacar que el bajo desempeño de Sinaloa en el índice de estado de derecho tiene importantes implicaciones para la población y el desarrollo del estado. La corrupción, la falta de contrapesos y la ineficacia en el sistema de justicia afectan negativamente la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y limitan el progreso social y económico.
Por su parte, María Guadalupe Ramírez Zepeda, titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de Sinaloa, reconoció que la mejora en ausencia de corrupción se debe a esfuerzos específicos para prevenir y combatir la corrupción bajo la dirección del gobernador Rubén Rocha Moya.
Sin embargo, enfatizó que aún hay mucho por hacer en términos de comunicación, capacitación y coordinación entre las instituciones involucradas.
Con información de Río Doce, El Financiero y Gobierno del Estado de Sinaloa.
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