La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación que señala la responsabilidad del gobierno mexicano y Grupo México en las violaciones a los derechos humanos de los habitantes de la Cuenca del Río Sonora.
El pasado 7 de agosto marcó el noveno aniversario del derrame de más de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en el Arroyo Tinajas, municipio de Cananea, Sonora.
Esta problemática, calificada como el desastre ambiental más grave de la minería en México, fue causada por una falla en una tubería de la empresa Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, la cual se extendió al río Bacanuchi y al Río Sonora, afectando a más de 22 mil personas en siete municipios colindantes.
A pesar de los esfuerzos de remediación, el dictamen ambiental reciente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), donde se señaló a Grupo México como responsable del derrame, revela que persisten concentraciones de metales pesados en el agua del río, así como una sobreexplotación de los acuíferos en la zona, atribuible a la actividad minera.
La tragedia no solo causó estragos ambientales, sino que también tuvo consecuencias económicas y de salud devastadoras para más de 22 mil personas en la región. La contaminación del agua, el suelo y el aire afectó gravemente la calidad de vida de las comunidades, dejando una marca en la memoria colectiva y en el entorno natural.
Responsabilidad compartida: Grupo México y autoridades gubernamentales
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a través de la recomendación 50/2024, emitida el 13 de marzo de este año, señala la responsabilidad tanto de Grupo México como de las autoridades federales y estatales en las violaciones a los derechos humanos de las comunidades afectadas.
La CNDH nombró en el documento a Grupo México junto con varias entidades gubernamentales, incluyendo las secretarías federales de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Economía y Salud. Además, se hizo mención de la responsabilidad del gobierno de Sonora, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Esta responsabilidad se traduce en la falta de acceso a un medio ambiente sano, al agua potable y a la salud de las personas, derechos fundamentale vulnerados de manera persistente a lo largo de casi una década.
Resistencia institucional y negación de culpa en derrame en Río Sonora
A pesar de las evidencias presentadas, algunas instituciones como la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar) muestran resistencia y negación de su responsabilidad en el desastre, revelaron los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS).
“El IMSS-Bienestar argumentó que no existía como institución en el momento del derrame, omitiendo que, como autoridad sustituta, tiene el deber actual de proteger a la población y que recientemente ha asumido compromisos en mesas de diálogo con las comunidades”, detallaron los CCRS.
Esta actitud obstaculiza el proceso de reparación y perpetúa la impunidad de Grupo México, que se niega a reconocer su culpa y a asumir las obligaciones derivadas del desastre ambiental.
Comités de Cuenca del Río Sonora reconocen acciones de la CNDH
Las comunidades de los CCRS reconocieron el trabajo de la reanudación del expediente de queja por la CNDH en 2022, tras años de denuncias sobre la falta de medidas de compensación desde 2016. Cabe resaltar que la queja original de 2014 se había cerrado después de acciones entre el gobierno y Grupo México.
Los miembros de los Comités del Río Sonora señalaron que las autoridades han pasado dos sexenios sin proteger sus derechos, destacando la falta de coordinación entre las autoridades y la omisión en la implementación de medidas adecuadas.
A pesar de una revocación judicial en 2023, Grupo México se niega a reconocer su responsabilidad y reparar el daño causado por el derrame, dejando a las comunidades con problemas de salud, económicos y contaminación persistente.
