El outsourcing en México se incluyó en la Ley Federal del Trabajo en 2012. Con esta modificación las empresas tuvieron la oportunidad de tercerizar servicios a otras compañías, lo que también se conoce como subcontratación. Sin embargo, lo que se presentó como beneficio para las empresas derivó en una serie de irregularidades para los trabajadores, pues el abuso de esta figura significó, en muchos casos, la pérdida de prestaciones laborales de ley. Por esta razón, en abril de 2021 entró en vigor la reforma en materia de subcontratación conocida como Ley Outsourcing.
Es importante destacar que dentro de las irregularidades que llevaron a reformar la Ley Federal del Trabajo se encuentra el hecho de que las empresas utilizaban la subcontratación como herramienta para eludir impuestos. En consecuencia, como recién se mencionó, no se otorgaban prestaciones legales a los trabajadores, tal es el caso del seguro social, Infonavit, fondo de ahorro para el retiro, vacaciones y reparto de utilidades.
Sin embargo, se ha notado que un gran número de empresas no están preparadas para la aplicación de las nuevas reformas. Esto ha llevado a que se solicite una prórroga que extienda la fecha límite fijada para acatar la nueva ley, que se marcó para el 1 de agosto del año en curso.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar de acuerdo con otorgar tiempo a los empresarios para ajustarse, pero que no se podían dejar de aplicar las reformas. Si bien se habló de un mes de aplazamiento, la Coparmex aseguró que el plazo habría de extenderse hasta el 1 de enero de 2022. De lo contrario, hasta 3.1 millones de trabajadores podrían quedar en el “limbo y estado de indefensión”.
El outsourcing y las nuevas reformas que lo regulan han puesto en movimiento a miles de empresas e instituciones de gobierno. Sobre esto, la firma Manpower Group, encargada de gestionar capital humano, alertó que se podrían perder directamente hasta 460 mil empleos si se prohíbe el outsourcing.
Las reformas, sin embargo, no hablan de una prohibición, pero sí de una regularización. Así, solo se permitirá la subcontratación de servicios especializados. En consecuencia, se obligará a las empresas a contratar a todo el personal que tenga funciones similares a las del objeto y razón social de la compañía.
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