Tras la muerte de menores, en Sinaloa se realizan brigadas de atención e investigación en cuarterías donde jornaleros migrantes enfrentan precariedad
En las últimas semanas se ha evidenciado una problemática en Sinaloa, donde familias jornaleras enfrentan condiciones de vida precarias en decenas de cuarterías ubicadas alrededor de 140 campos agrícolas. El Gobierno de Sinaloa ha organizado brigadas de atención con personal de diversas secretarías, como Salud, Bienestar, Desarrollo Social y la Secretaría de la Mujer, para llevar a cabo diagnósticos, sobre todo en la comunidad de Juan José Ríos, en el municipio de Guasave, donde se registró la muerte de dos menores de edad.
Las cuarterías son viviendas pequeñas en las que residen jornaleros agrícolas temporales y sus familias, quienes llegan a Sinaloa cada año para trabajar en la recolección de cosechas. Estas viviendas suelen carecer de servicios básicos y presentar condiciones de hacinamiento e insalubridad. Cientos de jornaleros habitan en estos lugares, donde se han registrado más de cinco décadas de casos graves de menores enfermos por infecciones gastrointestinales, daños en la piel y resfriados. Además, se encontró a niños que tenían hasta tres días sin comer en condiciones de desnutrición.
Uno de los casos que más ha alertado fue la muerte de una bebé por problemas intestinales. Sumando así tres muertes. Los menores fueron internados bajo protección del DIF Sinaloa en hospitales. Además, se identificaron mujeres embarazadas, principalmente adolescentes, que no habían recibido atención médica durante la gestación, siendo atendidas por las brigadas médicas. Se trasladaron a mujeres embarazadas y sus familias a otro albergue con mejores condiciones higiénicas.
La situación en las cuarterías y las condiciones en las que viven las familias jornaleras han llegado al Congreso de Sinaloa. Diputados de distintos partidos políticos han solicitado una atención integral e interinstitucional en favor de este grupo laboral, así como la aprobación de nuevas leyes y reglamentos que garanticen dicha atención. Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha abierto 24 carpetas de investigación contra cuarterías que están operando en la ilegalidad. Algunas podrían enfrentar multas de hasta 500 mil pesos.
Empresas agrícolas bajo la lupa por contratación de jornaleros en Sinaloa que habitan las cuarterías
Ascensión Zepeda Rocha, director del Trabajo y Previsión Social, destacó la importancia de revisar las condiciones de vida de los trabajadores en las cuarterías y cuestionar la responsabilidad de los horticultores y propietarios de los terrenos en proporcionar vivienda digna para los trabajadores.
Antes de las revisiones por autoridades, Marte Vega Román, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, aseguró que la situación de los jornaleros son ajenas a los agricultores, debido a que estos pasan de campo en campo, algunos ganando más del salario mínimo, hasta 500 pesos al día. Sin embargo, se realizan investigaciones que involucran a empresas agrícolas que contratan a jornaleros sin seguro social, prestaciones y emplean a menores de 16 años de edad.
La población migrante en Sinaloa se estima entre 200 mil y 400 mil jornaleros agrícolas que arriban anualmente para trabajar en la siembra, cosecha y empaque de hortalizas. La mitad de ellos son estacionales, laborando de noviembre a marzo, durante la temporada de recolección de legumbres como tomate, pepino, chile y berenjena de exportación. Los jornaleros provienen principalmente de estados como Chihuahua, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Puebla y Michoacán.
En 2010 se registró un padrón de hasta 12 mil menores de edad que llegaban junto con sus familias, y muchos colaboraban en la recolección de hortalizas. Aunque las instituciones de salud han establecido consultorios en los campos agrícolas, muchas familias se muestran reacias a las vacunas y la atención sanitaria, lo que ha provocado casos de defunciones en menores de edad cada año.
Las autoridades están llevando a cabo revisiones en las cuarterías para evaluar las condiciones en las que viven los jornaleros agrícolas migrantes. Estas revisiones se enfrentan a ciertas limitaciones, como la ubicación de las cuarterías en propiedades privadas, lo que ha dificultado el acceso a ellas. No obstante, se está investigando a los propietarios para establecer vínculos y responsabilidades en relación con las condiciones de las cuarterías y han sido clausuradas algunas instalaciones, creando refugios temporales para los trabajadores del campo.
La Dirección del Trabajo y Previsión Social, que forma parte de la Secretaría General de Gobierno y tiene la función de evaluar y regular los lugares laborales, no participó en las jornadas de atención a los trabajadores agrícolas junto al resto del Gabinete de Gobierno del Estado.
Durante 2022, esta entidad realizó solo 26 inspecciones en campos agrícolas, la mayoría situados en los municipios de Culiacán, Guasave y Ahome, sin identificar ninguna irregularidad ni emitir sugerencias, sanciones o advertencias. Además, no se registraron bitácoras o actas sobre las visitas en ninguno de los campos, lo que genera espacio para la discreción y falta de transparencia.
Fuente: Debate, NMas, Imagen Noticias, El Sol de Sinaloa, Luz Noticias, Punto MX, El Financiero.
