La tala ilegal en Chihuahua afecta la biodiversidad y comunidades indígenas; razón por la que autoridades buscan fortalecer la legislación
La Sierra Tarahumara, situada en el estado de Chihuahua, enfrenta una crisis ambiental debido a la tala ilegal y la violencia provocada por el crimen organizado. Miembros de la comunidad, respaldados por autoridades, han denunciado cómo los cárteles se han disputado el control de la tala ilegal, el cultivo de amapola, el despojo de tierras y la minería ilegal, lo que ha deteriorado el medio ambiente y ha afectado gravemente a las comunidades indígenas rarámuri.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha identificado 122 zonas críticas en Chihuahua relacionadas con cortas ilegales, lo que ha permitido planificar y focalizar acciones de manera más eficiente y oportuna. El Programa Nacional para Abatir la Tala Ilegal y el Contrabando Forestal se está implementando en las 32 entidades federativas para combatir estos delitos.
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La tala ilegal en la Sierra Tarahumara ha afectado negativamente la biodiversidad de la región, poniendo en riesgo diversas especies de flora y fauna. Chihuahua cuenta con aproximadamente 25 mil hectáreas de bosques, compuestos principalmente por pino, que se cosecha en grandes cantidades en el país. La mitad de estas áreas boscosas se encuentran en poblados rurales y en situación de pobreza extrema en la Sierra Tarahumara.
El Gobierno de México busca fortalecer la ley para sancionar y disuadir la tala ilegal mediante una iniciativa enviada por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, que propone reformar y adicionar los artículos 418, 419 y 423 del Código Penal Federal. Estas reformas tienen como objetivo salvaguardar la protección y cuidado del derecho humano al medio ambiente sano, fortaleciendo las disposiciones que establecen responsabilidades por el daño y deterioro ambiental causado por la tala de árboles sin la autorización previa de la autoridad competente.
En la Sierra Madre Occidental se encuentran 24 especies de pino, 54 de encino y 7 de madroño, de acuerdo con estudios de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), lo que la convierte en una de las zonas de mayor biodiversidad del país. La tala ilegal pone en riesgo la supervivencia de estas especies y el bienestar de las comunidades que dependen de los bosques para su subsistencia y su identidad cultural.
La tala ilegal, un desafío para las autoridades
Según la Agencia de Investigación Criminal de Estados Unidos, los municipios más afectados por la tala ilegal en Chihuahua se encuentran al sur y al oeste del estado, como Maguarichi, Guerrero, Uruachi, Ocampo, Guadalupe y Calvo, y Bocoyna. Estas áreas también presentan altos niveles de violencia. En 2021, la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) clasificó a Chihuahua como “foco rojo” junto a Campeche, Chiapas, Guerrero, Jalisco y al Estado de México, debido a la incidencia delictiva relacionada con la tala ilegal.
“La presencia de grupos organizados se ha detectado en toda la cadena del proceso del aprovechamiento de la madera, en predios forestales, en el transporte, en el almacenamiento, en la transformación y la comercialización de materias primas y productos forestales”.
María Luisa Albores, secretaria de Medio Ambiente, en conferencia de prensa en octubre de 2021.
A pesar de los esfuerzos, las autoridades no han logrado detener la tala ilegal y la Semarnat ha reconocido en múltiples ocasiones que alrededor de la mitad de la madera producida en el país tiene un origen ilícito.
Desde mediados de 2021, en los últimos meses de la administración del exgobernador Javier Corral, organizaciones de la sociedad civil solicitaron audiencias públicas sobre la tala ilegal en la sierra con autoridades de los tres niveles de gobierno. Desde las primeras sesiones, hasta febrero de 2022, ya en el gobierno de Maru Campos, el delegado estatal de la Semarnat, Gustavo Alonso Heredia, admitió que no se ha investigado a fondo esta problemática.
“Agarramos un camión que transporta, simplemente lo detenemos porque no trae guía, paga su multa, se le decomisa, pero nunca se fue al origen de dónde la tala clandestina se inició”.
Gustavo Alonso Heredia, Subdelegado de Gestión Para la Protección Ambiental y Recursos Naturales de Chihuahua.
Los grupos criminales dedicados a la tala ilegal “lavan la madera” mediante el manejo indebido de permisos y documentación forestal, como la duplicación o el robo de guías. Por su parte, la complicidad de líderes ejidales, en ocasiones forzada, y la vigilancia de “halcones” en el camino que avisan cuando las autoridades realizan inspecciones y la transformación del producto en aserraderos clandestinos. Toda esta cadena de faltas permite que la madera extraída ilegalmente sea regularizada y vendida a empresas legales en diferentes ciudades de Chihuahua, como Parral o Cuauhtémoc.
Líderes ejidales y activistas involucrados consideran fundamental incrementar la vigilancia y el control en las áreas afectadas por la tala ilegal y fortalecer la capacidad de las autoridades para identificar y sancionar a los responsables de estos delitos. La implementación de tecnologías y sistemas de monitoreo, como drones y satélites, puede ser de gran utilidad para mejorar la detección de actividades ilegales y facilitar la toma de decisiones en materia de política ambiental.
¿Qué crees que deberían hacer los involucrados en el tema para detener la tala clandestina?
Fuente: Raíchali Noticias, El Sol del Parral, El Economista.
